La mejor parte de rehabilitacion de edificios
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3) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del valía y su procedencia. Debe acreditar la existencia o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma proceder o finalidad que la solicitada en el contexto de este Existente decreto, de cualquier administración, organismo o entidad pública, nacional o internacional.
l) Cuando por motivo de la conducta sea necesario retirar aquellos productos de construcción que contengan amianto. La retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Positivo Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y Salubridad aplicables a los trabajos con peligro de exposición al amianto, por una empresa legalmente autorizada.
Por ello, cumple con los principios de indigencia y eficacia, en el sentido enunciado en los párrafos anteriores, donde se explican la falta y fines perseguidos con su aprobación, que son la reducción del consumo de energía final mediante la perfeccionamiento de la eficiencia energética en el sector de los edificios existentes, con objeto de cumplir con los objetivos asignados a España en las correspondientes Directivas.
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Desde Promissan ponemos nuestro equipo de profesionales a disposición tanto de las comunidades de vecinos como de los administradores de fincas.
2. Actuaciones subvencionables. Serán actuaciones subvencionables las que se realicen en la envolvente térmica del edificio que se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente extranjero (aerofagia, ámbito u otro edificio) y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables, que a su momento estén en contacto con el ambiente foráneo.
Este representante será el encargado de efectuar y demostrar la inversión objeto de ayuda, y constará a los posesiones de este widget como solicitante de la ayuda. En dicho documento se deberá especificar la cuota correspondiente a cada singular de los copropietarios en la propiedad sobre el edificio objeto de la ayuda solicitada. El documento deberá estar firmado por todos los propietarios.
En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para razonar, se hubiera pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a posesiones de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad.
La ayuda económica sin contraprestación. El valor de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional que pudiera corresponder en cada caso, conforme se establece en los apartados siguientes y, en cualquier caso, dicho importe de ayuda estará sometido a los límites que se establezcan en la legislatura de ayudas de estado:
c) El coste de las herramientas informáticas que específicamente se desarrollen o adapten para la gestión telemática de las solicitudes y control y seguimiento del aplicación y hospedaje;
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Con el fin de realizar un adecuado seguimiento y coordinación del aplicación, y a petición del IDAE, podrán ser requeridos periódicamente informes de seguimiento del Programa a las comunidades autónomas en formato de hoja Excel o CSV para el oportuno tratamiento de sus registros.
a) Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas de mejoría; en este caso la ayuda adicional que se aplicará será la correspondiente a la pagaré A, para este criterio.
En todo caso, en las convocatorias de las distintas CCAA se establecerán los requisitos y condiciones para el llegada a las ayudas de acuerdo con lo establecido en el Vivo Decreto 853/2021. here Encima, las obras en las que se encuentren productos con amianto, deberán atenerse a lo establecido en el Verdadero Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con peligro de exposición al amianto, y la gestión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gobierno de los residuos de construcción y demolición.